Nohemí Erosa
Migrantes que entren o reingresen a Texas de forma indocumentada podrán ser encarcelados y procesados con penas desde 180 días hasta 20 años de prisión con la implementación de la «Ley antimigrante», mejor conocida como SB4, la cual a partir de este martes 19 de marzo podrá ser implementada por funcionarios estatales.
Y es que, la Corte Suprema acaba de dar luz verde a Texas para detener y encarcelar a inmigrantes por cargos penales estatales, levantando la suspensión de la «Ley antimigrante» mientras que se resuelven litigios en cortes inferiores de Estados Unidos.
La polémica ley representa un triunfo para Texas en su lucha con el Gobierno de Joe Biden en política de migración, pues durante meses se ha buscado que la Ley SB4 pase en tribunales y entre en vigor; hoy, la decisión ocurre en menos de 24 horas que la Corte suspendiera indefinidamente, por tercera vez, su implementación
Va la SB4 en Texas
La Corte Suprema de Estados Unidos abrió un camino hacia la legalidad de que funcionarios en Texas puedan arrestar y detener a personas sólo con la sospecha de que ingresaron de manera ilegal al país.
Con el disenso de los tres jueces liberales en el fallo del alto tribunal, la SB4, promulgada por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, en diciembre pasado, fue aprobada a implementación momentáneamente, sin mayor explicación o argumento sobre por qué se levantó la suspensión que apenas este lunes 18 de marzo se le había impuesto.
No obstante, en el fallo escrito se puede leer que el tribunal de apelaciones sólo había dictado una orden “administrativa” temporal, por lo que, tanto la jueza Amy Coney Barrett, como el juez Brett Kavanaugh, consideraron que no le competía a la Corte en ese momento indagar en el proceso de apelaciones.
«Hasta donde tengo entendido, esta corte nunca ha revisado la decisión de un tribunal de apelaciones de dictar –o no dictar– una suspensión administrativa (…) Yo no me metería en eso. Cuando se introduce, se supone que una suspensión administrativa es un preludio de corta duración del evento principal: un fallo sobre la moción de suspensión pendiente de apelación».
«(Sería) imprudente invitar a un litigio de emergencia en esta corte sobre si un tribunal de apelaciones abusó de su discreción en este paso preliminar», escribió Barrett.
No obstante, la jueza liberal Sonia Sotomayor se opuso a la decisión al considerar que la «Lay antimigrante» es una invitación a generar más caos y crisis en temas migratorios además de que «trastoca el equilibrio de poder federal-estatal que ha existido durante más de un siglo, en el que el Gobierno Nacional ha tenido autoridad exclusiva sobre la entrada y expulsión de no ciudadanos».
«Texas ahora puede implementar inmediatamente su propia ley que impone responsabilidad penal a miles de no ciudadanos y exige su expulsión a México».
«Esta ley perturbará las delicadas relaciones exteriores, frustrará la protección de las personas que huyen de la persecución, obstaculizará los esfuerzos federales de aplicación de la ley, socavará la capacidad de las agencias federales para detectar y monitorear amenazas inminentes a la seguridad y disuadirá a los no ciudadanos de denunciar abusos o trata», escribió Sotomayor.
SB4: «Ley antimigrante»
- La ley firmada por Abbott autoriza a cualquier agente de Texas a arrestar a individuos sospechosos de ingresar ilegalmente al país.
- Una vez bajo custodia, los inmigrantes tienen la opción de aceptar una orden judicial para abandonar Estados Unidos o enfrentar un proceso por delitos menores relacionados con la entrada ilegal.
- Aquellos inmigrantes que decidan no salir del país, podrían enfrentar arresto nuevamente, esta vez bajo cargos más graves.
- Los agentes deben tener causa probable para realizar un arresto, como haber presenciado directamente la entrada ilegal o haberla observado en un video.
- La ley no puede aplicarse a personas que se encuentren legalmente presentes en Estados Unidos, lo que incluye a aquellos que han sido otorgados asilo o que están inscritos en el programa DACA.
La controvertida ley ha generado preocupación entre los defensores de la inmigración y derechos humanos durante meses, al considerar que es un mecanismo legal que promueve la discriminación racial, con una «cacería legal» de detenciones e intentos de deportaciones por parte de las autoridades estatales en Texas, estado en el que los latinos representan cerca del 40 por ciento de la población.
