Arturo Rojas
Edith Oliveres Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, y Cristina Reyes, directora de Litigio Estratégico en México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), expresaron su preocupación por los cambios a Ley de Amnistía.
Pese a que ambas, en entrevista para El Economista, indicaron estar a favor de que existan mecanismos para favorecer el acceso a la verdad y para garantizar la presunción de inocencia; señalaron que es necesario definir, con claridad las condiciones en que el Ejecutivo podría otorgar esta medida.
“El problema con esta ley de amnistía es que, como no tiene un límite, el riesgo está en que más bien exista impunidad y realmente, en esta iniciativa, ya no existen tampoco los mecanismos para garantizar tanto el acceso a la justicia, como el acceso a la verdad de las víctimas”, consideró la miembro de MUCD.
Mientras que la directora general de Amnistía Internacional comentó que con esta nueva modificación podrían presentarse casos de arbitrariedad.
“(Nuestra preocupación es que) podría haber algunos casos que podrían ser relevantes para el Estado mexicano por cualquier motivo, incluso casos por motivos políticos podrían ser relevantes para algunas autoridades y habría un riesgo en que se estaría violando la autonomía de la Fiscalía General de Justicia o las fiscalías generales de justicia de los estados y de los tribunales de justicia”, comentó Olivares Ferreto.
Por otro lado, ambas integrantes de la sociedad civil coincidieron que el argumento de que esto podría ayudar a resolver casos donde existan graves violaciones de derechos humanos son “confusas”; además de que ya existen otros mecanismos en la actualidad para este propósito.
“Desde el derecho internacional de los derechos humanos está prohibido obtener amnistía en caso de violaciones graves a los derechos humanos.
“La ley de amnistía que se aprobó, en 2020, y también otros mecanismos que existen en las leyes actualmente de encarcelación, como lo es, por ejemplo, el indulto presidencial o como son los criterios de oportunidad que tienen las fiscalías, tanto la fiscalía federal como las fiscalías locales, pues siempre su límite es las violaciones graves a los derechos humanos, siempre, si favorecemos a la investigación de los delitos, pero siempre y cuando no sean violaciones graves a los derechos humanos”, comentó Reyes Ortiz.
Además, Edith Olivares afirmó que es importante que “el otorgamiento de amnistía no derive en más daños a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos; así como, que estas acciones no impliquen un proceso en el que no se repare el daño de las personas afectadas.
Debido a esta situación, la directora de Litigio Estratégico, adelantó que México Unido contra la Delincuencia buscaría analizar la constitucionalidad de la ley y explorar posibles acciones legales.
La minuta que modifica la ley de amnistía estaba enlistada para discutirse en la sesión de hoy en la Cámara de Diputados, sin embargo, hasta pasadas las 18 horas del 24 de abril, los legisladores no han iniciado la discusión.
