Alondra Olivera
Ha pasado más de una semana después de que Gabriela Maldonado, originaria de San Miguel Peras, Juxtlahuaca, fue azotada con el «tuchi» (un especie de látigo) por mandato de la autoridad municipal de esa localidad presuntamente por su «mal» comportamiento. El año anterior, Gabriela y otras dos habitantes buscaron contender por una regiduría en las elecciones de la comunidad, pero fueron negadas y en su lugar hostigadas y amenazadas.
Gabriela, madre de tres hijos de dos parejas diferentes, recibió una golpiza hasta quedar semi inconsciente por su abuelo materno el pasado 15 de enero por orden de la autoridad municipal que encabeza el presidente, Santiago Ramírez Cervantes y el síndico, Sergio Rivera Flores.
El pretexto: un castigo ejemplar por supuesto mal comportamiento de la joven que provocaba señalamientos y «habladurías» por haber dejado a su pareja que conoció en los Estados Unidos cuando viajó a ese país por trabajo y que por malos tratos abandonó regresando a su pueblo natal, después la mujer concibió un hijo de una pareja diferente.
Sin embargo, la agresión que padeció Gabriela Maldonado no fue únicamente los latigazos que recibió; en mayo del año pasado cuando el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana ordenó que en la elección a nueva autoridad por Sistemas Normativos Internos se incluyera a las mujeres para ocupar cargos dentro del cabildo, los hombres accedieron no de buena gana y solicitaron a Otilia Flores participar.
Otilia, quien a apoyado a Gabriela para denunciar los hechos, pidió a la víctima y otras dos mujeres, Rosa Aguilar y Marina Díaz, inscribirse para buscar una regiduría, lo que derivó en amenazas en su contra por parte de quienes hoy son autoridades sólo por tratar de participar bajo el argumento de que ahí «sólo mandan los hombres».
El proceso de elección se llevó en la localidad resultando electo como presiente de San Miguel, Santiago Ramírez y por cumplir la cuota de género se integraron a tres mujeres diferentes a las que habían solicitado la participación.
La elección fue avalada por los órganos electorales estatales, a los integrantes del cabildo se les acreditó por parte del gobierno del Estado, después se enteraron que fueron impugnados y responsabilizaron a las tres mujeres, Gabriela, Rosa y Marina, a quienes llegaron a amenazar con «balcearlas si no se calmaban» o meterlas a la cárcel.
Las mujeres presentaron su denuncia respectiva ante las instancias correspondientes.
15 de enero se consumo la agresión
La mujer pide no tomarle fotografías, tiene miedo que su rostro aparezca en medios de comunicación; se toma de las manos y detalla que ese día hasta su casa llegó la policía municipal para exigirle acudiera a la presidencia municipal por un problema en el que estaba involucrada.
Tomó a su hijo el más pequeño de dos años y llegó al palacio municipal, ahí ya la esperaban sus abuelos maternos y la autoridad municipal. La acusaron de haber provocado la discusión entre una pareja, lo que aseguró es mentira.
A Gabriela no le permitieron retirarse cuando lo intentó, le arrebataron a su hijo de dos años para dárselo a su abuela, después los policías la detuvieron y su abuelo la comenzó a golpear con el «tuchi» reclamando que por su culpa eran mal vistos en el pueblo. Fueron tantos azotes que la joven quedó semi inconsciente.
Después de la agresión decidió denunciar ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, quien pidió la intervención de las autoridades y se decretaran medidas cautelares a favor de Gabriela por el riesgo latente en la que de encuentra.
Después acudió a la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, la única instancia que hasta se comprometió atender.
A más de una semana, gobierno del Estado hace pronunciamiento
A 12 días de haber ocurrido el hecho y una semana de hacerse público, apenas el gobierno del Estado se pronunció al respecto e informó que da el acompañamiento a gabriela.
El gobernador, Alejandro Murat se comprometió a no permitir en su administración más agresión contra las mujeres del estado, reducir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres e impulsar una agenda con equidad, para ello concretó la firma de un convenio con el Instituto Nacional de la Mujer.
Públicamente, el gobernador se comprometió a brindar todo el respaldo a las mujeres, principalmente a las presidentas municipales que han sido amenazadas; no obstante, los casos de agresiones y violencia política continúan registrándose en diversos municipios del estado.
SMO reconoce casos de violencia política
En Oaxaca desde inicio de año se han dado a conocer casos de denuncia de violencia política contra mujeres presidentas municipales y regidoras, los cuales suman a la fecha seis con el de Gabriela. De estos casos, la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña no había emitido ningún pronunciamiento hasta esta semana e informó que da acompañamiento.
“El caso de San Miguel se le está dando el acompañamiento y la atención , estamos siendo cautelosos por la situación del tema”.
Mientras que la Secretaría de Seguridad Pública informó que acató las medidas cautelares a favor de Gabriel a quien se le asignaría la seguridad para garantizar su integridad física.
Los casos de violencia
Los casos de violencia política encuestados son el de la presidenta munición de San Pedro Atoración, Irma Aguilar Raymundo; Eliza Zepeda de Eloxochitlán de Flores Magón; Samantha Caballero Melo de San Juan Bautista lo de Soto, las tres con amenazas para dejar el cargo.
Además de la Yareligión Cariño López de Pinotepa Nacional a quien la destitinerante de la sindicatura municipal y Erika Molina de Santo Domingo Zanatepec, a quien le impidieron asumir el cargo en su regiduría.
Publicado en lasillarota.com
