Nelly Toche
México suscribió a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el 2006. En ella se reconoce “el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad”.
Sin embargo, en nuestro país las personas con discapacidad son un grupo poblacional que enfrenta serios problemas para acceder al sector productivo, de acuerdo al estudio Discriminación estructural y desigualdad social, realizado por Patricio Solís y editado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Al hacer un análisis del mercado laboral, el cual se enfatiza que es una aproximación inicial, susceptible de mejoras posteriores pues incluso no se dispone de todos los datos necesarios, se estableció que la tasa de ocupación para las personas sin discapacidad es de 62.6% y la participación laboral para las personas con discapacidad es menor en todos los tipos de discapacidad, aunque con niveles muy variables.
Quienes presentan discapacidades auditivas o en el habla tienen los niveles de participación más altos, con 57.8%, seguidos por quienes tienen discapacidad visual (56.1%). Un poco menos de la mitad (48.6%) de las personas con discapacidad motriz se encuentran ocupadas. En contraste, las tasas de ocupación son menores para quienes tienen discapacidades múltiples (29.7%) y mucho menores para las personas con discapacidades cognitivas o mentales (13.8%), es decir “sólo una de cada diez personas con discapacidad cognitiva o mental está ocupada”.
El mismo estudio establece que las personas con discapacidad enfrentan menores probabilidades que el resto de la población para contar con protección legal, beneficios laborales y prestaciones. Por ejemplo, “las personas con discapacidades múltiples tienen 21% mayor riesgo que las personas sin discapacidad de no contar con un contrato laboral”.
Lo anterior revela el carácter estructural de la discriminación. Por ello, el Conapred asegura que es necesario modificar leyes y diseñar políticas públicas con enfoque antidiscriminatorio para que todas las personas, sin excepción, tengan acceso a los mismos derechos.
En aportación a este problema social, este lunes se presenta el Tomo VIII “Accesibilidad” de la colección Legislar sin discriminación, el cual tiene por objetivo ofrecer a las y los legisladores las herramientas necesarias para que garanticen a las personas con discapacidad el derecho a la accesibilidad.
Norma para la igualdad laboral
La Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación es un mecanismo de adopción voluntaria para reconocer a los centros de trabajo que cuentan con prácticas en esta materia.
Esta certificación está dirigida a todos los centros de trabajo públicos, privados y sociales establecidos en la República Mexicana, de cualquier tamaño, sector o actividad. Para obtenerlo, los centros de trabajo deberán recibir una auditoría de tercera parte, para verificar que sus políticas y prácticas cumplen con los requisitos de igualdad laboral y no discriminación.
Sus principales ejes son: incorporar la perspectiva de género y no discriminación en los procesos de reclutamiento, selección, movilidad y capacitación; garantizar la igualdad salarial; implementar acciones para prevenir y atender la violencia laboral; y realizar acciones de corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal de sus trabajadores.
En el Día Internacional de la Discapacidad
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad, celebrado el 3 de diciembre, el Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México (INDEPEDI) inauguró sus instalaciones, en ellas se pretende dar continuidad al diseño y dirección de las políticas públicas en materia de discapacidad.
Será un espacio de oportunidades y de reunión aseguró Fidel Pérez de León, director General del organismo, quien aseguró que el compromiso es empoderar y visibilizar a la población con discapacidad, dignificando su presencia social y creando una cultura de sensibilidad y conciencia en torno a este tema.
Resaltó la importancia de contar por primera ocasión con un lugar propio al que las Personas con Discapacidad podrán adoptar como su segundo hogar y agregó que en la Ciudad de México están incorporadas 500 mil personas con discapacidad a diversos programas del gobierno capitalino, que se les apoya de manera económica a 80 mil de ellas y se les emplea en el Gobierno. Sin embargo, dijo que se requiere de la voluntad de la sociedad en general para poder lograr la óptima inclusión de este sector.
También la Organización Panamericana de la Salud llevó a cabo la Primera Edición Internacional del Curso Vida Independiente con sede en República Dominicana, enfocado en la formación de líderes que puedan replicar los conocimientos adquiridos en temas de inclusión laboral, desarrollo de liderazgo, deporte adaptado y captación de talentos para el deporte, cuidado y prevención de la salud. El precursor de esta iniciativa es la Organización Vida Independiente en México y contó con la participación de 40 líderes, 8 facilitadores y 6 instructores de ocho países de Latinoamérica y Norteamérica.
Publicado en El Economista
