Richard Lizárraga Peiro
Personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó otras nuevas irregularidades operadas por los hijos del gobernador de apellido Rocha Ruiz –cartelrocharuiz.com– en la adjudicación de obras públicas por un monto de 166 millones 499 mil 579.35 pesos que está obligado a comprobar. En un principio, el gobierno de Sinaloa tuvo que comprobar 281 millones 933 mil 438.54 pesos de gasto en obras, pero aún faltan 166 millones 499 mil 579.35 por aclarar.
Más todavía: la Fiscalía General de la República posee documentación del trafique de obras en la que aparece la empresa Chocosa y la Comisión de Vivienda, Chocosa y Bogax, y Chocosa y Majolva y Remco, en la que a todas luces se establece una “operación carrusel” para beneficiar a las compañías escogidas por los hijos del gobernador. También tiene pruebas de las transacciones bancarias por el pago del clásico “moche” a los Rocha Ruiz.
En las auditorias, la ASF localizó irregularidades en procesos de contratación solamente sobre 15 contratos que se tomaron de muestra. Por ejemplo, la Auditoría Federal vio que el gobierno del Estado omitió integrar documentos relevantes en expedientes de obra pública, como las actas constitutivas de las empresas.
“En ningún caso se presentaron las constancias de situación fiscal de los licitantes adjudicados ni de los participantes, actas constitutivas de los licitantes participantes, así como en el contrato ISIFE-IED-ADE-EPR-CEDE- 283-2022 no se mostró el documento que acreditó los criterios de la adjudicación directa y del contrato ISIFE-CONV-R-FAMP-LPE-UPES-118/2022 no se presentó acta constitutiva del licitante adjudicado”, señaló la ASF en el informe de los recursos federalizados del año 2022.
Sin embargo, no solo omitió integrar expedientes completos, sino que vio procesos de contratación con vicios, como el que hubiera empresas con los mismos socios en sus estructuras legales compitiendo entre sí.
En el contrato celebrado por la Secretaría de Administración y Finanzas con número OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1605-2022 se detectó que, en el proceso de adjudicación, dos empresas participantes se encontraron vinculadas entre sí por un mismo socio o comisario en común, cabe indicar que dichas empresas fueron descalificadas; sin embargo, el supuesto de descalificación no fue por tener un socio en común. “De lo anterior, se desprende una deficiente revisión de la documentación presentada por los participantes en los procedimientos de adjudicación y contratación”, indicó la Auditoría Superior de la Federación.
Además, hay obras públicas que, hasta la publicación del informe de la auditoría, no se sabía si ya habían sido terminadas, pese a que se tenía liquidadas.
“Se demostró en los diversos oficios de notificación de término de obra, actas entrega-recepción, actas finiquito y actas de extinción de derechos y obligaciones; sin embargo, en los contratos ISIFE-IED-ADE-EPR-CEDE- 283-2022, e ISIFE-CONV-R-FAMP-LPE-UPES-118/2022 no se exhibieron notificaciones de término de obra, actas entrega-recepción, actas finiquito ni actas de extinción de derechos y obligaciones”, dijo.
