Durante más de 15 años he planteado una pregunta a miles de víctimas de violencia: ¿qué es lo más frustrante de interponer una denuncia en tu país? Estas son las respuestas que he recibido, enlistadas por orden de importancia. Nótese que casi todas las personas responden con la palabra miedo por delante.
1. El miedo a que no me crean las autoridades.
2. El miedo a que le avisen a mi agresor (secuestrador, violador, etcétera) y haya venganza.
3. El miedo a que me humillen los peritos o el juez o el Ministerio Público.
4. El miedo a que me quede sin trabajo por tener que ocuparme de investigar mi caso como le pasa a casi toda la gente.
5. La angustia a no tener dinero para pagar buenos abogados que no se vendan.
6. El miedo a que retraumaticen a mi hijo o hija por no saber cómo tratar a niños o niñas víctimas de abuso.
7. El miedo, la frustración anticipada de que le dedique dos o tres años de mi vida al caso, y al final el juez no gire sentencia porque el Ministerio Público y la policía no supieron recabar evidencia.
8. El miedo a que me revictimice más hacer un proceso judicial que el delito en sí mismo.
9. El miedo a que me maltraten, me manoseen, me humillen en la procuraduría por haber sido violada/ violado.
10. El miedo y la angustia a que me castigue la autoridad por haber dicho la verdad.
Estoy segura de que las y los lectores coinciden con la mayoría de temores; también sé, porque lo he documentado, que dentro de las fiscalías, juzgados y procuradurías hay personas honestas que intentan romper los vicios estructurales que generan injusticia e impunidad; también viven con miedo y frustración.
Entonces, ¿quiénes no viven con miedo? Los operadores de la parálisis del sistema. El primero es el presidente Enrique Peña Nieto y los gobernadores del país que se rehúsan a diario a aceptar la división de poderes. Ellos son los saboteadores principales del Sistema de Justicia Penal Procesal, impulsan las leyes y paralelamente las desactivan.
El caso Ayotzinapa es hoy el más simbólico: policías y militares ocultan información; PRI y PRD protegen a su alcalde y gobernador vinculados con la delincuencia organizada y desapariciones forzadas; esta connivencia provoca que la PGJ de Guerrero y la PGR manipulen la evidencia.
La sociedad civil se rebela, provocando una reacción inesperada; el Presidente acepta a los especialistas que conforman el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Y cuando éste obtiene resultados, el gobierno activa la segunda fase del sabotaje: periodistas comprados siguen el discurso del Procurador plantando dudas y versiones acusatorias de las víctimas.
Luego el tercer paso: desacreditar a las y los expertos, calumniarles, fabricar acusaciones no solamente a ellas y ellos sino a toda persona de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que valida su profesionalismo y honestidad.
El esfuerzo monumental y el gasto que ha implicado para el gobierno federal destruir la posibilidad de obtener verdad y justicia costó cinco veces más de lo que hubiese costado impartir justicia; el daño emocional causado a la sociedad y a las víctimas es irreparable.
Sí, los gobernantes operan con crueldad, conocimiento de causa y estrategia. Lo cierto es que la sociedad sigue denunciando para fortalecer a las instituciones que el gobierno mantiene destartaladas.
Parece algo obvio pero no podemos olvidarlo: la tarea es desbancar a esos poderosos, es elegir hasta encontrar a quienes se atrevan a restituir el estado de Derecho. La sociedad civil tiene una tarea: colectar suficiente evidencia, desarticular leyes como la recientemente aprobada Ley Atenco, denunciar sin detenerse a los corruptos. Vencer el miedo para hacer contrapeso ante el totalitarismo que se avecina.
Publicado en elmanana.com.mx
