Elisur Arteaga Nava
Hablar del Poder Judicial y de sus miembros está de moda. No quiero quedar fuera. Aludo al tema del posible plagio del que se acusa a la ministra Yasmín Esquivel Mossa. De inicio, en respeto de la presunción de inocencia, que es un derecho universal, me pronuncio por considerarla inocente e incapaz de mentir.
Lo hago así, además, por el hecho de ser una dama; por serlo, merece mi respeto. Dados sus antecedentes, me niego a aceptar que haya incurrido en la acción que se le atribuye. No tenía necesidad. Me dolería tener que admitir que ella haya plagiado su trabajo terminal de licenciatura y que ahora mienta. Ya serán las autoridades competentes las que resuelvan.
Por ser la señora Esquivel miembro de la Suprema la Corte, por seguridad jurídica, por el bien de todos, más nos conviene que resulte inocente. Mucho de lo actuado por ese alto tribunal: sentencias, acuerdos, votos y proyectos en los que ella ha intervenido estarían en entredicho. De resultar culpable, supuesto que me niego a admitir, sería evidente que:
La Consultoría Jurídica del presidente de la República, que es la que da el visto bueno para que su jefe haga la propuesta, no cumplió con su cometido;
El Senado de la República no cuenta con los filtros y la información para hacer una elección apegada a la ley;
Las comisiones de la Cámara de Senadores no realizan las funciones que jurídicamente les corresponden; y
Que la señora ministra no reuniría el requisito de gozar de buena reputación exigido por el artículo 95 constitucional.
Se trataría de una cadena interminable de errores y omisiones graves e imperdonables de quien la propuso y de quienes la eligieron. Esto pudiera ser el elemento determinante para obligar a cada una de las instancias que intervienen a que asuman, de forma responsable, las obligaciones que, por mandamiento constitucional, les corresponden: ser filtros en la elección.
De haber existido deficiencias en el proceso de elección, éstas serían atribuibles políticamente al presidente de la República y a los senadores que conformaron la mayoría de las dos terceras partes que la eligieron. Éstos no pueden llamarse a engaño, ni aquel excusarse bajo el expediente de que no sabía. Pudiera resultar que ambos actuaron irresponsablemente al guiarse sólo por el hecho de ser una persona afín a la 4T.
Algo anda mal en el sistema de nombramientos. Doy un ejemplo: es común que los candidatos a ministros, en el currículum que presentan al Senado, afirmen que han escrito un crecido número de libros. A algunos le gusta la cifra de veinte. Los señores legisladores se dan por satisfechos con esa afirmación. No exigen que se les proporcionen los títulos de las obras, nombre de la editorial, fecha de la publicación, número de ejemplares y el ISBN.
He llegado a viejo, a pesar de que me la he pasado investigando y escribiendo libros y artículos, apenas puedo afirmar que he publicado alrededor de quince. No sé cómo le hacen esos candidatos a ministro para publicar tantos libros y grillar para llegar a serlo.
Hay deficiencias, lagunas y omisiones en la selección de candidatos a ministros de la Corte. De AMLO, que hizo sus estudios profesionales en un tiempo récord, por lo prolongado de su estancia en las aulas universitarias, no se puede esperar otra cosa: que integre las ternas con fines políticos: con gente incondicional y afecta a su movimiento.
Ese mismo proceder no es admisible en la Consejería Jurídica ni en el Senado. Se entiende que en éste están representadas todas las tendencias políticas que hay en la sociedad. Por ello, en teoría, sería de esperarse que funcionen como filtro a un mal nombramiento. Las comisiones dictaminadoras no han asumido su función: depurar y seleccionar.
La simple posibilidad de que haya habido omisiones y deficiencias en las funciones de proponer y de elegir, debe ser motivo de reflexión y razón para un cambio de actitud. Como no se puede evitar que el presidente deje de nombrar personas afines a su movimiento, los señores senadores, aún los de origen morenista, por seguridad jurídica, deben cumplir su función de elegir. Si el presidente no es dado a oír consejos de personas ajenas a su círculo, cuando menos alguien: su consejera jurídica, sí debería consultar previamente, con los senadores miembros de las comisiones competentes, la integración de las ternas.
En el caso de la señora Esquivel, no es una defensa adecuada afirmar, como lo hace AMLO, sin pruebas, que otros han cometido delitos más graves. Hacerlo denota: negligencia, por cuanto a que, si sabe que los que ahora acusan a la ministra, han actuado ilícitamente, no los denunció; ignorancia, por razón de que todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario; y omisión, por virtud de que debió haber aportado elementos idóneos para defender a la acusada y no agredir a los que hicieron público la existencia de un posible ilícito.
Fueron las vísceras presidenciales, que no necesariamente contienen neuronas, las que se impusieron, cuando más era necesario dejarse llevar por el cerebro y los consejos de quienes saben.
La Corte, con sus sentencias y los ministros, por acción u omisión, han dado de que hablar. Cuando las dictan y lo hacen de manera imparcial y apegada a derecho, deberían acatarse, no discutirse. Las discusiones y censuras se producen cuando ello no es así.
En cuanto a los miembros de la Corte, cuando se conducen con discreción, sabiduría e imparcialidad, deberían estar a salvo de la maledicencia pública y ser objeto de respeto. Esto nos conviene a todos. En caso contrario, nos sentimos con derecho para censurarlos como personas y para criticar sus determinaciones. Incluyo al presidente de la República; él es feliz y obediente cuando le favorecen.
Respecto de los ministros, como personas físicas, sigue siendo válido el consejo que Pericles daba a las mujeres atenienses en su famosa oración fúnebre: “Vayan por el mundo de tal manera que se hable de ustedes lo menos posible.”
